CONFLICTO DE INTERESES AL INTERIOR DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

¿Qué otro organismo debiera ser más “transparente” que el propio Consejo para la Transparencia? Sin embargo, una compleja y sórdida situación se vive al interior de dicha entidad del Estado porque el Presidente del Consejo Directivo, don Alejandro Ferreiro Yazigi presenta un notorio conflicto de intereses tras conocerse recientemente que MADECO S.A. –de la cual Ferreiro es uno de sus Directores- es al parecer una empresa semiestatal, en donde CORFO poseería –aún hoy- importante participación.

En efecto, a raíz del Amparo C1175-11 interpuesto ante el Consejo para la Transparencia por un ciudadano chileno se pudo determinar que hasta el presente día no existen documentos, ni la contabilidad pertinente, que permita probar que el señor Andrónico Luksic y Quiñenco S.A. cancelaron la deuda contraída, por la suma de US$ 4 millones, a fines de los años setenta, por concepto de la compra del 21.56% que CORFO tenía en MADECO S.A.

El hecho irregular al interior del Grupo Quiñenco se gestó hace tiempo atrás cuando un ciudadano chileno decide solicitar a CORFO que le ayude a gestionar y financiar un proyecto de ingeniería –con aportes extranjeros- con el objetivo de implementar una industria trefiladora y manufacturera de cobre en la ciudad de Antofagasta, permitiendo innovar en el área con nuevas maquinarias y tecnologías de punta, en lugar de la ya desvencijada y vetusta empresa MADECO S.A. (única en el mercado, y por tanto, gestora de un poco sano monopolio). Más, en lugar de cooperación y respuestas pertinentes, el requirente notó que CORFO le daba respuestas genéricas e incluso evasivas, al punto que decidió determinar si entre MADECO y CORFO aún existían relaciones comerciales.

Unos años atrás, en 2005, el funcionario de CORFO, Yerko Koscina Peralta, emitió un certificado al requirente indicándole que la Corporación, en septiembre de 1979 se había desecho del 21.63% de las acciones que mantenía en MADECO, información que aparecía respaldada por un artículo periodístico de Diario El Mercurio de septiembre de aquel año en donde se informaba al público que CORFO, mediante Negociación Directa, había transferido a la empresa CEAT dichas acciones por un monto de US$ 4 millones de dólares. Más, en esta venta nunca se efectuó el pago total. Como CEAT y Quiñenco S.A. no pudieron cancelar más que US$ 800.000 dólares, los US$ 3.2 millones restantes se cancelarían en siete cuotas de US$ 457.143 dólares.

Más, la investigación realizada por aquel ciudadano chileno ha demostrado que las informaciones –que mediante escrituras públicas subscribe Luksic y Quiñenco S.A.- no se condicen con los antecedentes proporcionados por CORFO, existiendo desfase en meses y años de pago, no figuran los depósitos efectuados por Quiñenco S.A. y hasta la fecha no existe indicación ni conocimiento que las prendas, bajo los títulos N° 181.677, N° 181.679 y N° 181.549 del Registro de Accionistas, hayan sido alzadas, lo que implicaría que aún hoy CORFO sería poseedor de al menos el 51% de las acciones de MADECO S.A.

En conclusión, hoy el Presidente del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, don Alejandro Ferreiro Yazigi, no le queda más que renunciar –por causa del conflicto de intereses que ante su cara estalla- mientras no se pruebe con documentación fundante que CORFO recibió los pagos, por concepto de deuda contraída por Quiñenco S.A., que la contabilidad de dicha operación aún existe, que el alzamiento de las prendas fue comprobadamente realizado, y se determine si CORFO destruyó algún tipo de información de conformidad lo autorizaba la Contraloría General de la República en virtud de la Circular N° 28.704 del año 1981.

Entonces, este caso lo podemos resumir diciendo que, la venta del 21,56% que CORFO tenía en MADECO no ha estado exenta de polémica:

Primero, porque la venta se realizó de manera directa y no por licitación;

Segundo, porque la empresa QUIÑENCO sostiene hoy que aun siendo controladora de MADECO, con la mayoría accionaria, no es –sin embargo- su propietaria (lo que podría significar que QUIÑENCO no sería más que tenedor de las acciones en custodia que podrían ser de otro propietario no identificado);

Tercero, porque QUIÑENCO objeta el documento notarial titulado “Autorización y Substitución” de fecha 5 de Octubre de 1979 (acompañado a este escrito) y cuyo original se encuentra en los Archivos de Corfo ubicados en el Archivo Nacional de calle Matucana, donde QUIÑENCO substituye a CEAT en la obligación de cancelar los US$ 3.2 millones que con fecha 28 de septiembre de 1979 CEAT se habría comprometido a cancelar a CORFO;

Cuarto, porque el Desarrollo del Crédito Madeco-Quiñenco entregado por CORFO en documento del 2 de septiembre del presente año, que dice iniciarse con un pago de US$ 800.000 dólares el primero de junio de 1978, más siete pagos de US$ 457.143 dólares el primero de junio de los años respectivos, 1979 al 1985, no coincide con lo que QUIÑENCO y CEAT declaran, respectivamente, en las escrituras públicas firmadas ante Notario Público don Luis Azocar Álvarez de fechas 28 de septiembre y 5 de octubre de 1979, en que sostienen que el pago de US$ 800.000 dólares habría sido cancelado al contado con fecha 28 de septiembre de 1979 (no por QUIÑENCO sino por la empresa suiza CEAT), y que las siete cuotas de US$ 457.143 dólares serían canceladas los primero de julio de los años 1980 al 1986;

Quinto, porque no figuran las formas de pago efectuadas a CORFO por QUIÑENCO (si fue con cheque, efectivo, vales vistas, etc.). CORFO ha intentado esgrimir que –aunque no posee los registros de los sucesivos pagos efectuados- ella habría encontrado un documento denominado “Diario de Caja de Cobranzas” donde Quiñenco figuraría cancelando un monto de $ 137.235.344 pesos a CORFO mediante el depósito Nº 870330, efectuado en el Banco O’Higgins, sucursal de Santiago, indicando que este documento sería –según la Corporación- el monto correspondiente a la última cuota. Más, CORFO reconoce que el documento en que consta tal operación no fue encontrado y que tampoco tiene ella la capacidad de individualizarlo. Es decir, la Corporación de Fomento pretende –luego de décadas- que se haga un acto de fe de los escritos que entrega sin respaldo y sin acreditación alguna.

Sexto, porque existen notorias diferencias entre el saldo insoluto informado, con fecha 10 de mayo de 1983, por el Director Regional Metropolitano de CORFO, don Eduardo Silva Aracena, al Gerente de Normalización de CORFO que ascendía –según él- a US$ 2.088.522,41 dólares, y el saldo insoluto informado por CORFO con fecha 2 de septiembre pasado, en que se indica que entre el 2 de junio de 1981 y el 31 de diciembre de 1983 era de US$ 1.828.571;

y séptimo, porque se hace necesario conocer en detalle el historial, prohibición de gravarlas y enajenarlas, el seguimiento, así como el alzamiento final –y posterior al 31 de diciembre de 1988- de las acciones prendadas bajo los títulos N° 181.677, N° 181.679 y N° 181.549 correspondiendo, respectivamente, a 53.901.087 acciones, 52.039.537 acciones, y 21.559.376 acciones; además de las 44.519.839 acciones y 2.980.161 acciones de MADECO que se mantienen prendadas a favor de CORFO, inscritas a nombre de CEAT y de QUIÑENCO, con prohibición de gravarlas y enajenarlas.

Finalmente, y como observación final, llama la atención que –aún existiendo un juicio civil, Causa Rol 8445-11, por responsabilidad civil extracontractual en contra de CORFO y de QUIÑENCO- ambas entidades no hayan aportado ante el Juez del 16° Juzgado Civil de Santiago todos los antecedentes que fehacientemente demuestren que los pagos se realizaron, que las contabilidades cuadran y que además existen. Nada de ello ha sucedido lo que –al parecer de muchos de los que periódicamente consultan el expediente- no hace más que probar que MADECO S.A. sigue siendo una empresa –en pleno siglo XXI- intervenida por el Estado, lo que explicaría el por qué no existe otra empresa del rubro que compita con ella, o que renueve las ya, pasadas de moda, y antiguas maquinarias.

COROLARIO: Es fácil pregonar y levantar dudosos "monumentos" en la memoria de presuntos "grandes empresarios" cuando ellos -como en el caso Andrónico Luksic- no han hecho más que profitar -como vulgares ladrones- con el dinero perteneciente a todo el Pueblo de Chile. Es fácil ser "grande" y "crecer a pasos de gigante" cuando un Estado corrupto, como el chileno, respalda operaciones financieras que se parecen más a las de narcotraficantes que a la de respetados hombres de negocios.